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Nuevo escándalo en UPSRA: amplían denuncias por fraude y falsificación de firma

Ángel García afronta nuevas acusaciones que podrían poner en jaque una vez más la realización de la asamblea de junta electoral en el gremio de la seguridad privada.

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El oficialismo de la Unión Personal de Seguridad Republica Argentina (UPSRA) sumó nueva acusaciones y el panorama es sombrío, a un mes de la fecha pautada para la realización de la asamblea de junta electoral.

Es que sectores opositores ampliaron denuncias ante el ministerio de Trabajo de la Nación. A las impugnaciones por padrones adulterados que derivaron en la suspensión del primer llamado a asamblea, ahora se elevaron pruebas por supuesto fraude con falsificación de firma y documentos.

Las acusaciones responden a una presentación realizada por Leónidas García Requelme, vocal titular de la comisión directiva de García, quien antes de fallecer el pasado 3 de octubre denunció haber sido víctima de falsificación de firma en el documento oficial del gremio que ratificó la convocatoria a asamblea.

Según la exposición enviada por Requelme a la cartera laboral, el oficialismo habría incorporado en el acta de llamado a asamblea una firma falta o estaría adulterado el documento que la contiene.

Esta denuncia será ampliada por agrupaciones opositoras, entre ellas La Sur y Autoconvocados 1982, quienes pedirán que se investigue otro posible fraude ante la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, y la directora de Asociaciones Sindicales, Mónica Rissotto.

Además, se sumaron también nuevas impugnaciones al listado de afiliados hábiles presentado por García. Se detectaron nuevos fallecidos y la llamativa incorporación del afiliado Zorro, sin nombre alguno.

En ese sentido, las agrupaciones opositoras destacaron que al día de la fecha todos los planteos por impugnaciones realizados en sede ministerial no fueron constestados por los representantes legales del oficialismo.

Otro de los pedidos efectuados por dirigentes opositores fue la inclusión en el proceso de renovación de autoridades de un delegado electoral, para garantizar la presencia de funcionarios neutrales, que depuren el padrón y controlen el procesode elecciones, prescindiendo de la realización de la asamblea para evitar situaciones de violencia.

Por otro lado, La Sur y 1982 denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario como posible fraude procesal al juz de primera instancia de Santa Fe apoyados en los argumentos del interventor de OSPSIP, la propia Supeintendencia de Servicios de Salud y letrados del ministerio de Salud donde omiten explicarle a García y su comisión que se hallan en «carácter de residual».

El próximo martes se concretará un nuevo encuentro ante la Dirección de Asociaciones Sindicales, a la espera de respuestas por parte del oficialismo, en un proceso cargado de acusaciones y denuncias que pone en vilo a los trabajadores de la seguridad privada.