Federación internacional repudia al gobierno de Milei por ataque a la paritaria docente y restricción de la huelga

La Internacional de la Educación (IE), federación global que representa a más de 33 millones de docentes y personal educativo en 180 países, expresó su “profunda preocupación” y “enérgico rechazo” a la propuesta del gobierno argentino de modificar el artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

La iniciativa, dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al secretario de Educación, Carlos Torrendell, busca eliminar la participación del Estado Nacional en la negociación del salario mínimo docente, un cambio que, según la IE, constituye “un ataque directo” a los derechos laborales de los docentes y al principio de equidad en el sistema educativo argentino.

En una carta firmada por el secretario general de la IE, David Edwards, la organización advierte que la supresión de este mecanismo tripartito, que garantiza un piso salarial común para los docentes del país, “ignora la responsabilidad del Estado” en asegurar el derecho a la educación y pone en riesgo la cohesión social. “Este artículo ha sido clave para promover condiciones laborales dignas y homogéneas, reconociendo el carácter federal del sistema educativo argentino”, señala el comunicado.

La IE, que agrupa a 375 organizaciones sindicales, incluyendo a CTERA, CONADU, CEA y SADOP en Argentina, denuncia que la propuesta forma parte de una “tendencia retrógrada” que amenaza la educación pública y los derechos de sus trabajadores. La federación se solidarizó con sus afiliadas argentinas y exigió mantener intacto el artículo 10° de la ley, instando al gobierno a respetar los compromisos internacionales en materia de derechos laborales y educativos.

La CTERA pidió un amparo contra decretos que limitan el derecho a huelga y vacían la paritaria nacional docente

Al mismo tiempo, la entidad internacional rechazó el Decreto 340/25 del gobierno libertario, que limita el derecho de huelga de docentes y otros sectores públicos. El decreto declara a la educación como un «servicio esencial», con el propósito de restringir la acción sindical. «Los sindicatos docentes han denunciado unánimemente este decreto como inconstitucional e injusto, así como una grotesca violación de su derecho a la huelga. Intentos similares de limitar el derecho de huelga del profesorado argentino han sido previamente declarados inconstitucionales por tribunales nacionales y condenados por organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», destacó la organización con sede en Bruselas, Bélgica.

Finalmente, la IE llamó a las autoridades argentinas a priorizar una educación pública “inclusiva, equitativa y de calidad” y a fortalecer la negociación colectiva nacional, confiando en que el reclamo será atendido para evitar un retroceso en el sistema educativo del país.