EXCLUSIVO | La estrategia judicial de ATE para retrotraer los despidos masivos de Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó una medida cautelar para retrotraer los despidos masivos aplicados por el gobierno de Javier Milei en la administración pública nacional. Lo hizo con una presentación en el fuero contencioso administrativo, a diferencia de UPCN que se dirigió a un Juzgado de Trabajo, donde recibió un contendente rechazo.

La solicitud de ATE fue iniciada a principios de abril, aunque el gremio prefirió mantenerla en reserva. En el texto, al que tuvo acceso Mundo Gremial, la conducción sindical pidió que se ordene «el mantenimiento de la prestación de servicios del personal “contratado” del Estado Nacional -en sus diversas modalidades- al 31.12.2023 con la asignación de idénticas tareas normales y habituales que se desarrollaban hasta esa fecha y el correspondiente pago de las remuneraciones pertinentes, mientras no se demuestren en un proceso legal y con las debidas garantías las causales aducidas por la demandada para la no renovación de los contratos».

Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, aseguró que ATE advirtió desde un primer momento que el fuero correcto para la presentación era el contencioso administrativo y afirmó que «existe gran cantidad de jurisprudencia» que respalda la solicitud, por lo que se mostró confiado en un fallo a favor de los trabajadores.

El gremio requirió que la medida se circunscriba a los trabajadores contratados despedidos a partir del 31 de marzo de 2024. La entidad defendió la «legimitidad activa» en la demanda, ya que «los despidos masivos de los trabajadores “contratados” del Estado Nacional afectan, con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, al colectivo de los trabajadores representados», señaló al referirse a fallos judiciales previos donde se destacó el «interés colectivo» en la actuación sindical.

Entre los fundamentos, ATE hizo mención a la arbitrariedad de la medida del Gobierno, por la no acreditación de la causal invocada y la falta de preaviso, junto a una vulneración del Estado de Derecho por medio de actos de «antijuricidad».

«Los despidos implican también miles de familias sin sustento económico para afrontar sus necesidades y una decisión de gobierno atentatoria de estos derechos fundamentales no puede comunicarse sólo a través de los medios de comunicación, alegando una causal que no fue acreditada mediante elementos probatorios suficientes, sin preaviso, sin individualización, ni notificación fehaciente, que permitan, en el marco de un Estado de Derecho, adoptar una decisión política de esta envergadura», argumentó el sindicato en el escrito.

ATE señaló que el Gobierno «no renovó los contratos de 20.000 trabajadores sin probar la causal alegada y sin preavisar de la extinción, y en muchos casos, sin notificar en forma fehaciente».

Por otro lado, resaltó que los despidos de la gestión de Milei se configuraron como un «hecho político» que «actúa como elemento disciplinador del resto de los trabajadores, sembrando el terror a perder el empleo, a perder el sustento». En ese marcó, remarcó la actuación como un acto de discriminación violatorio a los Arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales y Convenios OIT.

«No se trata de una cuestión pluriindividual, en tanto se trata de una medida genérica, carente de legalidad y razonabilidad, discriminatoria y disciplinadora», fundamentó ATE en otro tramo de la solicitud.

En tanto, demandó la garantía de «estabilidad del empleado público» garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y subrayó: «Dicha estabilidad fue instaurada por el constituyente nacional en función de no dejar librada la fuente de trabajo del empleado público a la arbitrariedad de los sucesivos y diferentes gobiernos de turno que atraviesan la administración del Estado».

Para ATE, «estamos ante un fraude laboral, una desviación de poder o ante una simulación ilícita perpetrada por el Estado Nacional, quien simula la existencia de una relación jurídica permitida sólo bajo condiciones extraordinarias, ocultando la verdadera situación, cual es la relación laboral de dependencia existente entre las partes, a cuyos derechos de ella emergentes la actora no puede renunciar».

Rechazo a UPCN en el fuero laboral

La semana pasada, el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 57 se declaró imcompetente para entender en el amparo requerido por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) contra los despidos masivos en el Estado nacional, y remitió el expediente al fuero contencioso administrativo federal.

La justicia laboral entendió que “estamos en presencia de contrataciones que tanto por la materia como por los sujetos que la integran -en virtud de la naturaleza jurídica de la persona demandada- resultan ajenas y, por ende, desplazan la aplicación del derecho del trabajo privado y, en consecuencia, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones”.

Además , se sostuvo que según la jurisprudencia “la invocación de las convenciones colectivas comprendidas en la ley 24.185 no generaban competencia del Fuero Laboral, si de aquellas se desprendía la aplicabilidad de la ley 25.164 (Ley Marco Regulatorio del Empleo Público Nacional)”.